La trayectoria política de Rubén Rocha Moya ha estado marcada por una sombra de sospecha que hoy alcanza dimensiones internacionales. Todo comenzó en junio de 2021, cuando su victoria electoral fue cuestionada por la oposición debido a presuntos actos de intimidación y “levantones” de operadores políticos atribuidos a grupos criminales para favorecer su triunfo. Aunque inicialmente estas críticas quedaron en el terreno político, la narrativa de una “narco-elección” fue retomada este 2026 por fiscales de Nueva York como la base de un acuerdo de impunidad con la facción de “Los Chapitos”.
A lo largo de 2023 y 2024, la percepción de una administración permisiva se agudizó con el incremento de la violencia en Culiacán y las zonas serranas. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió el 25 de julio de 2024 con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Las irregularidades en la agenda de Rocha Moya ese día y las versiones que situaban una reunión entre el capo y el mandatario reactivaron la presión social. Para febrero de 2026, lo que eran rumores se convirtió en la primera denuncia penal formal en México ante la FGR por delincuencia organizada y encubrimiento.
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El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. dio el golpe definitivo al presentar una acusación formal por narcotráfico y sobornos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York sostienen que Rocha Moya no solo recibió apoyo político del Cártel de Sinaloa, sino que, una vez en el poder, designó a funcionarios afines a la organización delictiva en puestos clave de seguridad. Esta imputación coloca al gobernador en una situación inédita, enfrentando una orden de captura internacional mientras mantiene su cargo en México.
La respuesta del Estado mexicano ha sido de cautela y defensa de la soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, si bien no habrá encubrimiento si se presentan pruebas “claras y contundentes”, no permitirá la injerencia extranjera basada en fines políticos. Hasta hoy, 30 de abril de 2026, Rocha Moya permanece en funciones, rechazando todas las acusaciones y esperando que la FGR revise un expediente que, según el gobierno federal, aún carece de las evidencias necesarias para proceder con una extradición inmediata.
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