En una postura firme desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales. La mandataria aseguró que su administración no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, siempre y cuando la Fiscalía General de la República (FGR) reciba “pruebas contundentes e irrefutables” que permitan iniciar un proceso legal en territorio mexicano.
No obstante, Sheinbaum subrayó que, de no existir evidencias claras, las imputaciones serían interpretadas como un ataque político orquestado desde el extranjero. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, sentenció la presidenta. Con esta declaración, el gobierno federal prioriza la soberanía nacional frente a la presión internacional derivada de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
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El conflicto escaló luego de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York señalara a Rocha Moya por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. Según los cargos presentados en EE. UU., el gobernador y otros altos mandos —incluyendo al alcalde de Culiacán y jefes de seguridad— habrían proporcionado información confidencial, protección para el tráfico de fentanilo y cocaína, e incluso habrían recibido apoyo del cártel mediante actos de intimidación y secuestro para ganar elecciones.
La resolución de este caso ahora depende del flujo de información entre ambos países. Mientras el embajador estadounidense advierte que la corrupción ligada al Cártel del Pacífico será investigada a fondo, México condiciona cualquier acción penal al cumplimiento de sus propios procesos judiciales y al respeto de sus instituciones. Esta tensión diplomática pone a prueba la cooperación bilateral en materia de seguridad en un momento crítico para la región sinaloense.
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