El calvario de la familia Mejías comenzó en febrero de 2025, cuando funcionarios de la DGCIM los interceptaron violentamente en una carretera de Aragua. Lo que inició como una supuesta averiguación por un caso de extorsión terminó en un secuestro estatal en una casa de seguridad en Chuao. Allí, Diego Mejías Sierra, de 23 años, fue sometido a interrogatorios continuos y torturas físicas, mientras su padre era obligado a escuchar los gritos de agonía, todo con el fin de extraer confesiones forzadas sobre planes de atentados contra figuras del gobierno.
Tras el paso por los centros de tortura, ambos fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Rodeo I, un recinto que los sobrevivientes describen como un entorno diseñado para la deshumanización. En celdas diminutas y sin luz natural, padre e hijo compartieron un espacio rústico donde una letrina servía también como fuente de agua para beber y asearse. Durante casi un año, fueron obligados a vestir uniformes sucios, a raparse el cabello cada quince días y a escuchar, a volúmenes ensordecedores, propaganda política y programas oficialistas difundidos por altavoces las 24 horas del día.
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La situación sanitaria dentro del penal alcanzó niveles críticos, con brotes de tuberculosis y dengue hemorrágico que cobraron la estabilidad de la población penal. Los castigos físicos eran una constante para quienes osaban protestar: descargas eléctricas, golpizas con bastones y el uso de gas lacrimógeno directamente en el rostro eran las respuestas habituales de los custodios encapuchados. A pesar de la gravedad de su salud, la única atención médica disponible consistía en inyecciones de sustancias desconocidas administradas por personal sin identificación ni formación clínica.
En enero de 2026, tras los sucesos políticos que sacudieron la cúpula del poder en Venezuela, Diego José Mejías González fue finalmente excarcelado, pero bajo condiciones draconianas que le prohíben hablar públicamente o salir del país. Sin embargo, su hijo Diego Mejías Sierra permanece recluido en el Rodeo I, habiendo sido excluido injustamente de los recientes procesos de amnistía. La familia mantiene una protesta permanente frente al recinto, denunciando que el joven sigue siendo un rehén de un expediente fabricado y exigiendo su derecho a la libertad inmediata tras años de injusticia.
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