El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este miércoles una acusación histórica contra diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, encabezados por el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, a quienes señala de haber convertido el aparato gubernamental estatal en un escudo de impunidad para la facción conocida como “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa.
La acusación fue anunciada por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quienes señalan que los imputados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York.
Según la acusación, los señalados protegieron a líderes del cártel de ser investigados, arrestados y enjuiciados; entregaron información confidencial de seguridad y del Ejército a la organización criminal, y ordenaron a cuerpos policiales estatales y municipales que resguardaran los cargamentos de droga durante su traslado hacia Estados Unidos.
El gobernador Rocha Moya es acusado de obtener su cargo en 2021 gracias al apoyo de “Los Chapitos”, quienes habrían orquestado el robo de urnas e intimidado a sus opositores. A cambio, habría cedido puestos clave en seguridad a personas alineadas con el cártel y garantizado impunidad total a sus operaciones.
Entre los demás acusados destacan el senador morenista Enrique Inzunza Cazárez, exsecretario general de gobierno; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien habría recibido más de diez mil dólares mensuales para asegurar que el cártel operara sin interferencia en la capital del estado; y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, quien presuntamente recibía alrededor de once mil dólares mensuales a cambio de proteger a miembros del cártel y filtrar información sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
Completan la lista el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”); el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”); el exfuncionario de finanzas Enrique Díaz Vega; y el excomandante Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”).
Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Es el único de los diez acusados que enfrenta cadena perpetua obligatoria.
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Se cree que todos los acusados se encuentran actualmente en México, y la acusación marca el inicio de un proceso legal que podría derivar en solicitudes formales de extradición. El Departamento de Justicia subrayó que los imputados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada ante un tribunal.
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