La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera contundente las acusaciones de censura y autoritarismo formuladas en su contra tras haber pronunciado la frase “no vean TV Azteca” durante su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La mandataria federal aclaró ante los medios de comunicación que su pronunciamiento constituyó estrictamente una opinión en su carácter de servidora pública y no una acción institucional encaminada a coartar la libertad de prensa o silenciar los canales de difusión de la empresa.
Sheinbaum Pardo argumentó que la permanencia de las críticas hacia su administración en todas las barras de programación de la televisora es la prueba más fehaciente de que en el país se respeta la libertad de expresión. La jefa del Ejecutivo Federal denunció que TV Azteca mantiene una ofensiva permanente y sistemática orientada a difundir contenidos falsos sobre los logros de su gobierno, dando continuidad a las campañas de desprestigio que la empresa implementaba desde el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que la obliga a utilizar su derecho de réplica en los espacios oficiales.
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La controversia escaló luego de que la mandataria vinculara directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego con el despliegue de mantas en la Ciudad de México que acusaban de nexos criminales a mandatarios estatales de Morena. A pesar de los constantes roces mediáticos y legales por adeudos fiscales que sostiene el consorcio empresarial, la presidenta descartó de manera definitiva que su administración contemple iniciar un proceso administrativo o jurídico para revocar las concesiones de transmisión de la señal televisiva, señalando que una medida de esa índole es precisamente el escenario de victimización que buscan los directivos de la compañía.
Como alternativa de política pública para los medios de comunicación, Sheinbaum propuso fomentar una mayor competencia en el mercado de la radiodifusión mexicana mediante la apertura de nuevas concesiones de televisión abierta a nivel nacional, evitando así la concentración del debate público en pocas corporaciones. De esta manera, el Gobierno de México busca neutralizar lo que calificó como una estrategia de confrontación política coordinada por el sector empresarial, apostando por el debate abierto en lugar de la intervención regulatoria del Estado.
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