El Gobierno del presidente Donald Trump formalizó una severa propuesta migratoria para incrementar de forma drástica las penalizaciones económicas contra los extranjeros indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal un proyecto de norma que busca elevar a USD 18,000 la multa impuesta por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a ciertos migrantes con una orden de deportación previa dictada “en ausencia” que decidieron quedarse en el país y posteriormente fueron arrestados.
Esta nueva cifra representa un incremento de más del 250% en comparación con la sanción vigente de USD 5,130, la cual había sido ajustada por inflación a finales del año pasado bajo los lineamientos de la Ley de Reconciliación Presupuestaria. Las autoridades migratorias justificaron el agresivo aumento argumentando que el monto actual es insuficiente para cubrir los gastos operativos reales del Estado, los cuales incluyen la localización del infractor, el despliegue del operativo de captura, el procesamiento administrativo, el transporte y el tiempo de custodia.
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De acuerdo con el documento oficial, la medida no se aplicará de manera generalizada a cualquier infracción migratoria, sino a un escenario legal sumamente específico. La multa afectará exclusivamente a aquellos extranjeros que fueron debidamente notificados para presentarse ante una corte de inmigración, no asistieron a sus audiencias (lo que derivó en una orden de expulsión emitida por un juez sin su comparecencia) y continuaron residiendo en territorio estadounidense hasta ser capturados por las patrullas de ICE.
La Administración Trump encuadró esta iniciativa dentro de su estrategia integral para incentivar la “autodeportación”, buscando que el elevado costo económico disuada a las personas de prolongar su estancia ilegal y las obligue a abandonar el país de manera voluntaria antes de enfrentar un arresto. La propuesta se presenta en un contexto de alta saturación judicial, luego de que reportes de organizaciones como el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse revelaran que los tribunales de inmigración arrastran un histórico rezago de más de 3.5 millones de casos pendientes, una saturación que eleva de manera directa el número de juicios resueltos en ausencia de los implicados.
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