La Oficina del Distrito del Condado de Hays declinó presentar cargos criminales contra Gerardo Reyes González, de 44 años, tras una revisión exhaustiva de los hechos ocurridos en marzo pasado. Los fiscales retiraron formalmente la acusación de interferencia con deberes públicos, mientras que a su hijo de 17 años, Esteban Víctor Reyes, se le ofreció un programa de desviación de seis meses. Si el joven cumple con las condiciones y evita nuevos problemas legales, su cargo también será desestimado, según confirmó el Primer Asistente del Fiscal de Distrito, Gregg Cox, en una carta enviada al San Marcos Police Department.
El caso se originó el 14 de marzo a las 3:55 a. m., cuando una madre llamó a la policía reportando que un joven intentaba llevarse a su hija de 15 años sin su consentimiento. Los oficiales detuvieron una camioneta que coincidía con la descripción en las inmediaciones de un complejo de apartamentos en San Marcos. Durante la intervención, Esteban, quien conducía, no cumplió de inmediato con las órdenes policiales, y se alegó que Reyes González intentó evitar que su hijo bajara del vehículo. No obstante, las autoridades confirmaron posteriormente que la menor nunca salió de su hogar y no hubo peligro real de secuestro.
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A pesar del retiro de los cargos estatales, la situación de Reyes González es crítica debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención tras su arresto inicial. El hombre permanece recluido en un centro de detención federal y tiene programada una audiencia ante una corte de inmigración este martes. El grupo activista Mano Amiga ha celebrado la decisión de la fiscalía, pero mantiene su preocupación por la posible deportación de un residente local cuya falta original resultó ser un malentendido doméstico.
En su comunicación al jefe de policía Stan Standridge, el fiscal Cox aclaró que la decisión no es una crítica al actuar de los oficiales, quienes operaron bajo la creencia de que existía una emergencia activa. Sin embargo, tras analizar el panorama completo, la fiscalía determinó que el incidente fue más una solicitud de ayuda parental para gestionar contactos no deseados que una situación de peligro inminente que justificara un proceso penal prolongado. La comunidad de San Marcos sigue de cerca el desenlace migratorio de este caso, que ha reavivado el debate sobre la colaboración entre la policía local y las autoridades de inmigración.
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