El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la detención de Brenda Liliana Rivera-Estrada, una ciudadana mexicana de 30 años, vinculada a un fatal accidente automovilístico ocurrido el pasado 12 de abril. En el siniestro, el vehículo que conducía Rivera-Estrada sufrió una volcadura que provocó que su hija de 9 años saliera expulsada del automóvil, perdiendo la vida en el lugar. Además, otros tres menores de edad que viajaban en la unidad, incluyendo a un bebé, resultaron con lesiones de diversa gravedad. De acuerdo con los reportes policiales, la mujer conducía en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias al momento del impacto.
El caso ha tomado una notable relevancia pública debido a un fuerte cruce de declaraciones entre las autoridades federales y los procuradores locales en Arizona. Tras el accidente, Rivera-Estrada fue recluida inicialmente con una fianza de USD 100.000 bajo sospechas de homicidio involuntario y abuso infantil. Sin embargo, ICE afirmó que la fiscalía del condado declinó presentar cargos criminales formales en ese momento, lo que provocó su liberación inmediata de la cárcel local antes de que los agentes federales de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) lograran intervenir para tomar su custodia mediante el Programa de Extranjeros Criminales.
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Ante los señalamientos de la agencia federal, la fiscal del Condado de Maricopa, Rachel Mitchell, desmintió categóricamente haber desechado el proceso penal a través de un comunicado en redes sociales. Mitchell aclaró que su oficina “no se negó a procesar”, sino que el expediente fue enviado a una fase de “investigación complementaria profunda”. La funcionaria estatal argumentó que casos complejos de esta naturaleza requieren tiempo técnico riguroso para obtener los resultados de laboratorio sobre el nivel de alcohol en la sangre (DUI) y concluir los peritajes de análisis de la colisión, elementos indispensables para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.
Los registros migratorios presentados por el gobierno de los Estados Unidos detallan que Rivera-Estrada ingresó de manera legal al país en febrero de 2009 por el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, bajo una tarjeta de cruce local de no-inmigrante que le otorgaba un permiso de estancia máximo de 30 días. La imputada rebasó dicho periodo de autorización y permaneció viviendo en territorio estadounidense de forma indocumentada durante los últimos 17 años. Actualmente, la mujer permanece bajo estricta custodia migratoria en una instalación federal de Phoenix, a la espera de que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia determine su expulsión definitiva del país.
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