El Operativo Enjambre se ha consolidado como una de las estrategias más contundentes del Gobierno federal para combatir la infiltración del crimen organizado y la corrupción en las estructuras gubernamentales de México. De acuerdo con el último balance presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las acciones coordinadas han dejado un saldo oficial de más de 70 servidores públicos detenidos, entre los que se encuentran alcaldes, exfuncionarios, mandos policiales y operadores municipales en distintas regiones del país.
La movilización, que inició su primera etapa el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México con capturas de alto perfil como la de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, se ha extendido de manera paulatina a estados como Morelos, Jalisco y Michoacán. El éxito de los despliegues simultáneos ha dependido de una estricta coordinación para evitar filtraciones, involucrando a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y diversas fiscalías locales.
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Hasta el corte más reciente de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó la obtención de 20 sentencias condenatorias contra exservidores públicos vinculados a estas células delictivas. Los fallos judiciales acumulan un total histórico de mil 146 años de prisión, derivados de expedientes sólidos donde se demostró la participación activa de los exfuncionarios en delitos graves de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
A pesar de que algunos recuentos periodísticos independientes estiman que la cifra total de arrestados podría superar los 140 implicados debido a las ramificaciones locales, las agencias federales continúan enfocadas en el análisis de inteligencia financiera y flujos patrimoniales. Especialistas en materia de seguridad señalaron que, tras el golpe operativo, el reto principal de la administración será sostener la totalidad de las acusaciones en los tribunales y avanzar hacia el desmantelamiento de las redes financieras que financian a estos funcionarios.
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