La batalla jurídica sobre la Senate Bill 4 (SB 4) en Texas ha alcanzado un punto crítico tras la reciente decisión del 5th U.S. Circuit Court of Appeals. Este tribunal levantó la restricción impuesta por una corte inferior que impedía la aplicación de la ley, permitiendo que la policía de Texas tenga la facultad de arrestar a personas por cruzar ilegalmente la frontera, convirtiéndolo en un delito a nivel estatal. Con este fallo, las autoridades se preparan para iniciar la aplicación oficial de estas normativas a partir del 15 de mayo.
En respuesta inmediata, la ACLU of Texas y el Texas Civil Rights Project han presentado una nueva demanda con el objetivo de detener partes específicas de la legislación antes de la fecha límite. Esta nueva estrategia legal se enfoca en las disposiciones de “re-entry”, que penalizan a quienes regresen al país sin autorización federal, y busca frenar los poderes de los magistrados estatales para emitir órdenes de expulsión. Los defensores de los derechos civiles sostienen que la regulación migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal y no de los estados.
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Por su parte, líderes republicanos como el representante estatal Brian Harrison de Waxahachie han celebrado la decisión del tribunal como un paso necesario para asegurar la frontera. Harrison instó al gobierno estatal a proceder con la ejecución de la ley sin demora, criticando a las organizaciones opositoras por sus esfuerzos para mantener lo que él denomina políticas de “fronteras abiertas”. Para los partidarios de la medida, la intervención estatal es la única solución ante la falta de control en el flujo migratorio que afecta a las comunidades locales.
El litigio también pone bajo la lupa la autoridad de los magistrados para ordenar deportaciones y la obligación de continuar procesos judiciales estatales incluso si existen casos de inmigración pendientes en el sistema federal. Mientras la oficina del Attorney General Ken Paxton analiza la nueva demanda, la incertidumbre crece en las zonas fronterizas y centros urbanos, donde el rol de los cuerpos policiales en tareas de migración ha generado fuertes protestas ciudadanas durante todo el inicio de este 2026.
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