Una jueza federal de Boston prohibió de manera permanente a la administración del presidente Donald Trump aplicar la exigencia de presentar pruebas documentales de ciudadanía para votar en los comicios federales. La resolución dictada por la magistrada Denise Casper, perteneciente al tribunal de distrito de Estados Unidos en Massachusetts, convierte en definitiva una medida cautelar que ya mantenía congelada esta regulación desde hace un año. Con este fallo, el poder judicial federal debilita la estrategia de la Casa Blanca al recordar con firmeza que la Constitución reserva la regulación electoral exclusivamente a los estados y al Congreso, sin otorgar facultades específicas al Ejecutivo en esta materia.
La propuesta impulsada por el gobierno de Trump estipulaba que cualquier ciudadano que deseara inscribirse en el padrón electoral federal debía presentar de forma presencial un pasaporte estadounidense o un acta de nacimiento original. Trump ha argumentado con insistencia que la supuesta participación de votantes no ciudadanos podría alterar los resultados en contra de los candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, donde estará en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado. No obstante, la jueza Casper desestimó la postura del gobierno que calificaba la demanda como prematura y respaldó los argumentos presentados por fiscales generales demócratas de varios estados, quienes denunciaron que la medida vulneraba la separación de poderes.
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Además de la prueba de ciudadanía, la polémica orden ejecutiva presidencial buscaba prohibir de forma tajante el conteo de aquellos votos emitidos por correo que llegaran después de la jornada electoral, incluso si contaban con un matasellos que demostrara haber sido enviados a tiempo. Asimismo, el decreto contemplaba la retención de fondos federales como mecanismo de presión contra los estados que se negaran a acatar estas directrices. El fallo de la jueza Casper se suma a otros reveses judiciales previos, incluyendo la resolución de un juez de Washington que el año pasado bloqueó la alteración del formulario federal de inscripción y prohibió al secretario de Defensa exigir estos documentos a los miembros de las fuerzas armadas.
Frente a este bloqueo en los tribunales, el presidente Trump ha optado por presionar al Poder Legislativo a través de medidas drásticas y condicionamientos políticos. Horas después de conocerse el veredicto judicial, el mandatario canceló de forma abrupta la firma protocolaria de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda y advirtió mediante su red Truth Social que no promulgará ninguna legislación hasta que el Congreso apruebe la Ley SAVE America (que busca imponer este requisito por la vía estatutaria). Aunque dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes, actualmente se encuentra estancada en el Senado, lo que ha llevado al mandatario a catalogar la situación como una “emergencia nacional” y a exigir la eliminación del filibusterismo legislativo para forzar su avance.
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