La administración del presidente estadounidense Donald Trump formalizó una propuesta regulatoria para establecer una tarifa de USD 103.265 sobre las peticiones de visados H-1B, destinadas al reclutamiento de profesionales extranjeros altamente calificados en áreas como la tecnología y la ingeniería. El nuevo cobro forma parte de un proyecto de regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentado para su publicación en el Registro Federal, por lo que deberá superar el proceso normativo de consulta antes de quedar firme y entrar en vigor.
La iniciativa económica afectaría de forma directa a las solicitudes sujetas al cupo legal de 85.000 visas anuales, del cual 20.000 están reservadas para graduados de maestrías o títulos avanzados en instituciones de Estados Unidos. Quedarían exentos de este pago los puestos ofrecidos por universidades, organismos estatales y centros de investigación sin fines de lucro. De acuerdo con el esquema oficial, los fondos recaudados se distribuirían entre agencias federales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los tribunales de inmigración (EOIR), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Trabajo y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para financiar tareas de fiscalización, seguridad y procesamiento de trámites.
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Con este paso reglamentario, el gobierno intenta aplicar una carga económica que sustituya la orden ejecutiva previa de USD 100.000 fijada en 2025, la cual fue bloqueada en tribunales federales tras determinar que el Ejecutivo no contaba con la autorización del Congreso para imponer un monto de esa magnitud. Mientras que representantes de la educación superior y gremios empresariales advierten que el elevado costo encarecerá la contratación e inhibirá la retención de talento internacional, sectores críticos dentro del movimiento conservador defienden la medida argumentando que protege las oportunidades y salarios de los trabajadores locales.
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