Un tribunal federal de distrito en Washington postergó la emisión de un fallo inmediato en torno a la demanda colectiva promovida por las cadenas informativas CNN y MS NOW junto al diario digital Politico, organizaciones que reclaman la restitución urgente de sus credenciales de prensa y la protección de sus derechos constitucionales consagrados en la Primera Enmienda. Tras una audiencia de alegatos orales entre los representantes de los medios vetados y la fiscalía general, el juez federal de distrito Timothy Kelly señaló que anunciará su resolución a la brevedad posible, dejando entrever dudas sobre la legalidad de la exclusión gubernamental.
Durante la sesión procesal, la defensa del Ejecutivo federal encabezada por el Departamento de Justicia argumentó que el ingreso físico al complejo de la Casa Blanca constituye un privilegio administrativo discrecional y no un derecho constitucional exigible. Los representantes gubernamentales justificaron el retiro de los pases de acceso permanente bajo causales de seguridad nacional y presuntas infracciones a las normas de decoro profesional, señalando la divulgación previa de informaciones sensibles vinculadas a proyectos de infraestructura y protocolos de contingencia en el ala este de la sede presidencial.
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Por su parte, los equipos jurídicos de las organizaciones periodísticas denunciaron que la prohibición dictada por el presidente Donald Trump representa un acto arbitrario de censura y discriminación de puntos de vista, motivado estrictamente por su inconformidad ante las coberturas críticas hacia la gestión gubernamental. A los reclamos de los demandantes se sumó la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, respaldada por un recurso formal firmado por decenas de compañías informativas independientes que advirtieron que revocar credenciales sin previa notificación ni mecanismos de apelación vulnera directamente las garantías elementales del debido proceso.
La medida administrativa no solo impidió el ingreso de los corresponsales a sus espacios habituales de redacción y sets de transmisión dentro del predio oficial, sino que provocó un boicot solidario en el consorcio de cobertura televisiva compartida. Cadenas de alcance nacional declinaron enviar equipos sustitutos para cubrir eventos presidenciales recientes, obligando al tribunal a definir si el gobierno puede condicionar el ejercicio de la labor periodística en el principal centro del poder político estadounidense.
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