Un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) de EE.UU. destapó un multimillonario negocio ilegal. Entre 2019 y 2025, se traficaron 200 toneladas de mercurio en América Latina. Este metal tóxico, extraído principalmente en México, alimenta la minería ilegal de oro en la Amazonía. Según Julia Urrunaga, directora de Perú de la EIA, “el mercurio mexicano fluye hacia Bolivia, Colombia y Perú”. Parte de este tráfico está controlado por cárteles como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Además, las rutas incluyen transbordos a través de EE.UU., lo que complica aún más la situación.
Por otro lado, la fiebre del mercurio ha aumentado debido a los precios récord del oro. En mayo de 2025, el precio llegó a 330 dólares por kilogramo de mercurio. Según expertos, se requieren entre 1,5 y 2,5 gramos de mercurio para producir un gramo de oro. Las 200 toneladas traficadas generaron oro por valor de 8 mil millones de dólares. Jimena Nieto, exnegociadora ambiental de Colombia, explica que “el tráfico está asociado a actores ilegales sobre los que los Estados no tienen control”. Este fenómeno contamina ecosistemas amazónicos y pone en riesgo a comunidades indígenas.
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Además, el Convenio de Minamata debería regular el comercio de mercurio. Sin embargo, su implementación enfrenta grandes retos en América Latina. Aunque países como México y Colombia lo ratificaron, el metal sigue cruzando fronteras sin dificultad. Jordi Pon, del PNUMA, señala que “la eficacia depende de la voluntad política y los recursos asignados”. En marzo de 2025, se lanzó una iniciativa regional para fortalecer el cumplimiento del tratado. Pero para Urrunaga, la solución pasa por cerrar las minas mexicanas y proteger a las comunidades afectadas.
Finalmente, organizaciones como AARIMO advierten que las acciones deben ser más rápidas y contundentes. Reconocen el Convenio de Minamata como un avance, pero subrayan que los impactos en la salud y la biodiversidad son graves. El aumento de la demanda de oro dificulta controlar el uso de mercurio. Para combatir esta crisis, se necesita cooperación regional y medidas más efectivas. De lo contrario, la Amazonía seguirá pagando un alto precio por esta actividad ilegal.
