La multimillonaria reforma al financiamiento educativo aprobada el año pasado en Texas no logró contener la crisis presupuestaria que hoy obliga a decenas de distritos escolares a eliminar programas académicos, rescindir contratos de personal y clausurar planteles enteros. Este lunes, superintendentes y líderes educativos testificarán ante el Texas House Public Education Committee para detallar el panorama crítico que enfrentan sus comunidades. La gravedad de la situación quedó de manifiesto con ejemplos extremos: el distrito de El Paso arrastra un déficit de casi 53 millones de dólares y evalúa declarar una emergencia financiera, mientras que el distrito de Crystal City, al sur de Texas, notificó recientemente a las familias que cuenta con menos de 500 dólares en sus reservas bancarias institucionales.
La audiencia legislativa se centra en evaluar el impacto de la House Bill 2 (HB 2), una ley que elevó los salarios docentes según la experiencia, expandió los bonos por desempeño profesional y ordenó la eliminación gradual de educadores sin certificación. Asimismo, la normativa reestructuró los fondos para la educación especial, decretando que, a partir del próximo ciclo escolar, los recursos se asignarán con base en las necesidades específicas de cada alumno con discapacidad y no según el aula asignada. Bajo este esquema, el estado reembolsará 1,000 dólares por cada evaluación diagnóstica de discapacidad; un subsidio que los administradores consideran insuficiente, ya que estos estudios clínicos e institucionales tienen un costo real en el mercado que oscila entre los 1,000 y más de 5,000 dólares por estudiante.
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De acuerdo con los analistas y directivos de los planteles, la disminución constante en la matrícula —provocada por bajas tasas de natalidad, la proliferación de alternativas de enseñanza y el ausentismo derivado de temores por el endurecimiento de controles migratorios— se ha convertido en el detonante principal de la actual asfixia financiera. Debido a que el modelo fiscal de Texas otorga fondos públicos basándose estrictamente en el número de alumnos presentes en las aulas, la falta de estudiantes se traduce de forma automática en una pérdida millonaria de recursos fijos para operar las escuelas. Este escenario se suma a un rezago histórico: antes de la HB 2, las escuelas públicas operaron durante seis años consecutivos sin incrementos presupuestarios integrales, una parálisis derivada de la exigencia del gobernador Greg Abbott para vincular los fondos a un sistema de subsidios privados.
La aprobación final de la HB 2 se logró únicamente tras dar luz verde al programa de vales escolares o cuentas de ahorro educativo (vouchers), el cual permite a las familias utilizar fondos de los contribuyentes para costear colegiaturas en colegios privados o educación en el hogar (home-schooling). El programa, que arrancará formalmente el próximo ciclo lectivo, ya genera presiones debido a que la ley obliga a las escuelas públicas a financiar y realizar las costosas evaluaciones de educación especial para los alumnos que deseen migrar al sector privado. Aunque las proyecciones estimaban que solo unos 24,500 estudiantes de escuelas públicas abandonarían el sistema, las estadísticas más recientes encendieron las alarmas de los administradores: de los casi 96,000 estudiantes que ya han sido invitados a incorporarse al nuevo programa estatal, el 57% corresponde a menores que ya asistían a escuelas privadas o recibían educación en casa.
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