En una sala de audiencias del Condado de Travis, este miércoles 10 de junio de 2026, los padres de varias de las niñas que perdieron la vida en las catastróficas inundaciones del campamento Camp Mystic el año pasado presenciaron los argumentos legales que determinarán si el litigio se resolverá de cara a la opinión pública o bajo estricto secreto empresarial. La defensa del campamento, ubicado en Hunt, Texas, presentó una moción formal para obligar a un proceso de arbitraje privado (motion to compel arbitration). Esta medida legal trasladaría la resolución de las demandas civiles fuera de los tribunales estatales, permitiendo que las deliberaciones se realicen a puerta cerrada y sin acceso al público ni a la prensa.
Las demandas en contra del centro vacacional fueron interpuestas por los familiares de las víctimas, entre quienes se encuentra la familia Steward. Su hija, Cile Steward de tan solo 8 años, permanece desaparecida desde que las implacables corrientes del río Guadalupe arrasaron con las instalaciones del campamento el pasado 7 de julio de 2025, un desastre natural que dejó un saldo de más de 100 personas fallecidas. El abogado representante de los Steward, Brad Beckworth, rechazó enérgicamente la postura de la empresa, argumentando ante la corte que sepultar los testimonios y los resultados del caso en la confidencialidad de una sala de conferencias en Kerrville, Texas, atenta gravemente contra las políticas de seguridad pública y evita que la sociedad aprenda de la tragedia.
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Por el contrario, el abogado de Camp Mystic, Joshua Fiveson, fundamentó su solicitud en los contratos de adhesión y deslindes de responsabilidad que los padres firmaron al momento de inscribir a las menores en las actividades de verano, los cuales incluyen cláusulas de arbitraje obligatorio. Fiveson desestimó los señalamientos de la contraparte calificándolos como narrativas emocionales y exhortó al tribunal a ceñirse estrictamente a los precedentes del derecho contractual. Tras escuchar las exposiciones de ambos lados, la jueza de distrito Maya Guerra Gamble informó a los asistentes que evaluará minuciosamente los documentos presentados y emitirá una resolución jurídica en el corto plazo.
De manera paralela a la disputa por la jurisdicción del caso, los demandantes presentaron una serie de solicitudes de sanciones procesales en contra del equipo legal de la defensa, acusándolos de actuar de mala fe, ocultar información y alterar el estado de la escena del siniestro. Beckworth denunció ante la jueza que la familia Eastland, operadora histórica del campamento, no preservó de forma adecuada la evidencia física en el terreno a pesar de tener conocimiento de una investigación criminal en curso por parte de las autoridades estatales. Asimismo, la querella expuso conductas hostiles entre los litigantes, citando un incidente ocurrido en abril donde un abogado de la defensa le profirió insultos verbales a la parte acusadora. La corte fijó una audiencia de seguimiento para el próximo 15 de julio.
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