El gobierno de Estados Unidos desclasificó un paquete de informes de inteligencia enfocados en las presuntas amenazas externas contra los sistemas electorales del país. En una alocución ofrecida desde la Sala Este de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de China coordinó actividades para compilar bases de datos con información de unos 220 millones de votantes estadounidenses entre los años 2016 y 2017. Trump catalogó este hecho como “la mayor filtración de datos electorales en la historia” y acusó a ciertos sectores de la comunidad de inteligencia de encubrir el alcance del espionaje por motivos políticos.
Pese al tono de la acusación, los reportes analíticos liberados no ofrecen evidencia de que Pekín haya modificado sufragios, manipulado sistemas de escrutinio físico o intervenido de forma técnica en el resultado definitivo de las elecciones de 2020. De hecho, analistas informáticos y legisladores opositores recordaron que la mayor parte de los padrones electorales (con nombres, domicilios y filiación partidista) son registros públicos en múltiples estados o bases comerciales de libre adquisición, por lo que su posesión no implica forzosamente una intrusión cibernética cibernética a gran escala.
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Por su parte, la administración defiende que el hecho de que potencias extranjeras almacenen y mapeen redes sociales o padrones locales representa una vulnerabilidad inaceptable para la seguridad nacional. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó las afirmaciones del Ejecutivo señalando que las fallas de red y debilidades tecnológicas debieron notificarse debidamente al Congreso con anterioridad. A raíz de este informe, Mullin anunció que la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA) presentará un plan de actualización integral para la infraestructura electoral del país en un plazo de 30 días.
El bloque demócrata y especialistas independientes en derecho al voto cuestionaron con dureza la difusión de este material clasificado, argumentando que se trata de una maniobra para presionar al Congreso en la aprobación de la Ley SAVE America —iniciativa que endurece los requisitos de identificación con foto y exige pruebas estrictas de ciudadanía para votar—. La oposición sostiene que la alocución presidencial manipula información de inteligencia con el fin de justificar restricciones al sufragio legítimo y reavivar viejas teorías de fraude de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato.
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