La Fiscalía de Distrito del Condado de Bexar desestimó formalmente los cargos relacionados con terrorismo y negligencia infantil que pesaban contra Ashley Pardo, madre de familia de San Antonio arrestada en mayo de dos mil veinticinco bajo la sospecha de haber facilitado pertrechos y municiones a su hijo adolescente para perpetrar un presunto ataque armado contra las instalaciones de la secundaria Rhodes Middle School. Los registros de la corte confirmaron el cierre del expediente procesal por insuficiencia probatoria tras más de un año de investigaciones ministeriales.
La detención de la mujer ocurrió luego de que las autoridades escolares y policiales intervinieran al menor de trece años cuando se presentó en el plantel educativo vistiendo indumentaria táctica antes de retirarse. Posteriormente, allegados a la familia hallaron cargadores abastecidos, cartuchos útiles y un artefacto explosivo improvisado entre sus pertenencias personales, señalándose inicialmente a la madre por haberle suministrado parte del equipo táctico a cambio de cuidar a sus hermanos menores, a pesar de las alertas previas de los directivos escolares.
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Los fiscales explicaron que la decisión de desechar la imputación de complicidad en la comisión de terrorismo —figura legal de reciente creación en la legislación estatal de Texas— responde a que las pruebas no alcanzaron el estándar procesal de duda razonable. Asimismo, recordaron que el propio tribunal de menores desestimó los cargos de terrorismo contra el adolescente, quien actualmente cumple dos años de libertad condicional en una institución correccional tras declararse responsable por un delito de distinta naturaleza jurídica, imposibilitando procesar a la progenitora por complicidad de un cargo no atribuido formalmente al autor material.
Respecto a la acusación complementaria de abandono y peligro de menores por negligencia criminal, la representación social aclaró que la policía no logró decomisar ni remitir a los laboratorios periciales la supuesta arma de fuego involucrada, impidiendo corroborar su operatividad real. Aunque las autoridades ministeriales mantuvieron abierta la posibilidad jurídica de reabrir el caso si se presentan nuevos elementos probatorios en el futuro, Pardo quedó exonerada de las medidas cautelares que enfrentaba.
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