Sobrevivientes, familiares de las víctimas y líderes comunitarios de las catastróficas inundaciones del verano pasado en Kerrville sostuvieron este jueves una mesa de trabajo comunitaria con legisladores estatales de Texas en las instalaciones del Centro Comunitario de Kerrville. La jornada, convocada a las 11:00 a. m., congregó a damnificados, especialistas en protocolos hidrológicos y representantes de los sistemas de alerta temprana meteorológica junto a autoridades parlamentarias, entre ellas la representante estatal Vikki Goodwin, con el fin de exponer testimonios directos de las fallas operativas ocurridas durante la crecida del río Guadalupe y canalizar reformas legislativas integrales en prevención y mitigación de desastres.
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La fatídica riada del 4 de julio de 2025 dejó una huella imborrable en el condado de Kerr al provocar la muerte de 25 niñas y dos consejeras en el campamento de verano para niñas Camp Mystic, situado en la localidad vecina de Hunt, tragedia en la que además permanece en calidad de desaparecida la menor Cile Steward tras ser arrastrada por los caudales desbordados. Dondi Voigt Persyn, sobreviviente de la catástrofe y fundadora de la organización Found on the Guadalupe River, remarcó la urgencia de establecer mesas de diálogo directas con los funcionarios electos para transformar la experiencia del desastre en normativas estrictas de protección civil que garanticen que un hecho similar no vuelva a repetirse en la región de Texas Hill Country.
En el ámbito judicial y administrativo, Camp Mystic se enfrenta a un complejo proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 presentado hace más de tres meses, en el cual ha planteado una propuesta formal para subastar y enajenar sus 749 acres de terreno e iniciar su disolución jurídica definitiva, esquema que permitiría reactivar las demandas civiles por homicidio culposo interpuestas por las familias afectadas con cargo inicial a las coberturas de seguros. En paralelo, la división especial de los Texas Rangers encabeza una investigación criminal de alto perfil para determinar si los directivos del campamento y los miembros de la familia Eastland incurrieron en delitos como homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, lesiones a menores, abandono con peligro para menores y conducta temeraria, proceso que ya derivó en la ejecución de 14 órdenes de cateo judicial para incautar dispositivos electrónicos luego de que auditorías oficiales revelaran la carencia de planes obligatorios de evacuación y graves fallas de comunicación con los equipos de emergencia estatales y locales.
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