La histórica victoria del Partido Demócrata en Texas ha reavivado la esperanza de expandir el acceso a Medicaid en un estado que lidera la nación en número de residentes sin seguro médico. Con un 16% de la población desprotegida —más de 5 millones de tejanos—, la gobernadora electa Gina Hinojosa ha situado la expansión de la cobertura de salud para adultos de bajos ingresos como una prioridad absoluta de su inminente mandato, marcando un giro radical tras 12 años de bloqueos conservadores bajo la gestión del exgobernador Greg Abbott.
Sin embargo, el camino hacia la expansión no será sencillo. Aunque los demócratas lograron arrebatarle a los republicanos tanto la gubernatura como el control de la Cámara de Representantes de Texas, el Senado estatal permanece firmemente bajo control republicano. Sumado a este desafío político, existe una ley estatal que prohíbe alterar los requisitos de elegibilidad de Medicaid sin la aprobación explícita de la legislatura, lo que podría impedir que Hinojosa logre implementar la medida de forma unilateral mediante una orden ejecutiva, tal como lo han hecho gobernadores en estados como Luisiana o Kentucky.
De concretarse, la expansión permitiría a Texas acceder a unos 10.000 millones de dólares anuales en fondos federales y ofrecería cobertura de salud a más de 1 millón de adultos en edad de trabajar, un grupo demográfico actualmente excluido del programa estatal. Según Charles Miller, director del centro de políticas Texas 2036, esta medida eliminaría la llamada “brecha de cobertura”, brindando protección contra deudas médicas y permitiendo a hospitales locales e infraestructuras públicas de salud redirigir cientos de millones de dólares que actualmente se gastan en atención no compensada para personas sin seguro.
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El panorama se complica aún más debido a recientes imposiciones federales. A partir de enero, la implementación de la ley H.R. 1 (“One Big Beautiful Bill Act of 2025”) exigirá que los beneficiarios de la expansión de Medicaid menores de 65 años trabajen al menos 80 horas mensuales y perciban el salario mínimo federal para mantener su cobertura. Esta normativa no solo supone una carga administrativa millonaria para los estados (estimada en hasta 15 millones de dólares extra para algunos), sino que representa un obstáculo logístico en Texas, donde el salario mínimo lleva 17 años congelado.
Ante este escenario, legisladores como la representante estatal demócrata Donna Howard están evaluando la creación de una ley “gatillo”. Este mecanismo activaría la expansión de Medicaid en Texas únicamente si la nueva mayoría demócrata en el Congreso nacional logra derogar las restricciones más costosas de la ley federal H.R. 1. Mientras tanto, el equipo de Hinojosa busca avanzar en soluciones paralelas, como la ampliación de clínicas móviles, mayor inversión en centros de salud calificados y la eliminación de trabas burocráticas para los proveedores médicos, con el fin de mejorar el acceso a la atención sanitaria.
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