La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Latina expresaron su preocupación ante medidas en diversos países de la región para “reducir o cerrar” espacios a la sociedad civil en los ámbitos político, económico y social donde participa.
Ante ello, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la ONU Derechos Humanos en América Latina hicieron un llamado a los gobiernos latinoamericanos a garantizar ambientes seguros, abiertos, libres y propicios para la defensa de los derechos humanos, con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora este jueves.
Mediante un comunicado, ambas organismos alertaron sobre un aumento en la adopción de normas que restringen los derechos a la libertad de expresión, de participación, de reunión pacífica y de asociación que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
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Hicieron especial énfasis en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Venezuela, donde se han presentado iniciativas legislativas o se aprobaron recientemente normas que afectarían el libre funcionamiento de organizaciones de derechos humanos por la falta de criterios claros para la concesión, rechazo o revocación de su personalidad jurídica, así como mayores restricciones para el registro, constitución, estatus, inscripción y su funcionamiento.
Algunas de estas, señalaron la CIDH y la ONU Derechos Humanos, bajo la justificación de resguardar la seguridad nacional, combatir la delincuencia organizada y/o el terrorismo o su financiamiento, y conceder facultades discrecionales para la vigilancia y fiscalización de sus actividades.
La Comisión y la ONU Derechos Humanos recordaron a los Estados que el libre y pleno goce del derecho a la libertad de asociación incluye el deber estatal de crear las condiciones legales y efectivas para que las personas defensoras puedan ejercer libremente su labor. En ese sentido, la regulación y los requisitos legales no deben impedir, retrasar o limitar su creación o funcionamiento, comentaron.
Con información de El Universal
