Desde su regreso al poder en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas que han transformado significativamente la política migratoria de Estados Unidos. Estas acciones reflejan su compromiso de reforzar la seguridad fronteriza y redefinir los criterios de ciudadanía y residencia en el país.
Reversión de programas humanitarios
Una de las primeras medidas adoptadas por la administración Trump fue la revocación de programas de “parole humanitario” establecidos durante el gobierno anterior. Estos programas habían permitido la entrada legal y temporal de más de 500,000 migrantes provenientes de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. La cancelación de estos programas ha dejado a miles de personas en una situación legal precaria, enfrentando posibles deportaciones inminentes.
Fin del estatus legal para refugiados ucranianos y afganos
Además, la administración ha anunciado planes para revocar el estatus legal temporal de aproximadamente 240,000 ucranianos que huyeron del conflicto con Rusia y de 70,000 afganos que escaparon del régimen talibán. Esta decisión representa un cambio drástico respecto a la política de acogida del gobierno anterior y ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y comunidades de refugiados.
Declaración del inglés como idioma oficial
En un movimiento que ha generado debate, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declara al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos. Esta medida podría limitar el acceso a servicios públicos esenciales, como salud, educación y justicia, para millones de extranjeros que no dominan el inglés, al no ser obligatorio proporcionar formularios y asistencia en otros idiomas. Mientras que la administración argumenta que esto fomentará la integración y fortalecerá los valores nacionales, críticos advierten sobre posibles efectos excluyentes y perjudiciales para las comunidades inmigrantes.
Orden ejecutiva para proteger la ciudadanía estadounidense
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”. Esta orden busca reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, con el objetivo de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes no autorizados y aquellos en estatus legal temporal. La orden ha sido objeto de múltiples desafíos legales y, hasta la fecha, varios jueces federales han emitido órdenes judiciales preliminares que bloquean su implementación.
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Ley Laken Riley
El 29 de enero de 2025, se promulgó la Ley Laken Riley, que exige al Departamento de Seguridad Nacional detener a inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados o condenados por delitos relacionados con robos, agresiones a oficiales de policía o crímenes que resulten en muerte o lesiones corporales graves, como conducir bajo los efectos del alcohol. Esta ley también permite a los estados demandar al Departamento de Seguridad Nacional por supuestas fallas en la aplicación de las leyes de inmigración.
Incremento en las deportaciones y medidas de seguridad fronteriza
La administración ha intensificado las operaciones de deportación, estableciendo cuotas diarias para las oficinas de ICE y ampliando las autoridades de agencias federales para realizar arrestos relacionados con la inmigración. Además, se ha reinstaurado la emergencia nacional en la frontera sur, reanudado la construcción del muro fronterizo y designado a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Estas acciones han llevado a una disminución significativa en las detenciones de migrantes en la frontera, registrándose los niveles más bajos en 15 años.
Conclusión
Las recientes reformas migratorias bajo la administración de Donald Trump han provocado cambios profundos en la política de inmigración de Estados Unidos. Mientras que los defensores argumentan que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional y proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense, los críticos advierten sobre posibles violaciones de derechos humanos y efectos negativos en las comunidades inmigrantes. El debate continúa, y el futuro de estas políticas dependerá en gran medida de las decisiones judiciales y del clima político en los próximos años.
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