El movimiento para despenalizar la marihuana en varias ciudades de Texas recibió un nuevo revés este jueves, luego de que el 15.º Tribunal de Apelaciones del estado revocara la ordenanza de Austin que prohibía a la policía citar o arrestar a personas por portar pequeñas cantidades de marihuana.
La decisión del tribunal anuló el fallo previo de la jueza de distrito del condado de Travis, Jan Soifer, quien había desestimado la demanda del fiscal general Ken Paxton contra la ciudad. Según el tribunal, Austin “abusó de su discreción” al limitar la aplicación total de las leyes estatales sobre drogas.
Esta resolución es la segunda en menos de un mes en la que el mismo tribunal falla a favor del estado. Días atrás, el mismo cuerpo judicial bloqueó una ordenanza similar en San Marcos, también aprobada por votación popular.
“Concluimos que la ordenanza en este caso también está invalidada por la ley estatal”, escribió el juez Scott Field, en sintonía con el dictamen sobre San Marcos.
En mayo de 2022, los votantes de Austin aprobaron una medida para permitir la posesión de hasta 113 gramos de marihuana sin consecuencias penales, una propuesta impulsada por el grupo progresista Ground Game Texas. Otras ciudades como Killeen, Elgin, Denton y San Marcos adoptaron políticas similares tras procesos democráticos locales.
Sin embargo, el fiscal general Paxton inició acciones legales en 2024 contra cada una de estas ciudades, argumentando que estas ordenanzas obstaculizan la aplicación de la ley estatal y promueven el consumo de drogas ilegales. Alegó que el Código de Gobierno Local impide a los municipios imponer restricciones sobre cómo se aplican las leyes estatales en materia de drogas.
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La demanda contra Austin fue inicialmente desestimada por la jueza Soifer. No obstante, tras la apelación del estado, el caso fue revisado por el tribunal de apelaciones, que dictó en favor del gobierno estatal. Del mismo modo, una demanda anterior contra San Marcos, también rechazada en primera instancia, fue revertida recientemente.
En otros municipios, como Denton, la implementación de la ordenanza se ha detenido. En Elgin, el caso se resolvió mediante un acuerdo sin que ninguna de las partes admitiera culpabilidad, mientras que en Killeen el proceso legal aún está en curso.
Este panorama jurídico incierto ocurre en un contexto más amplio de debate legislativo en Texas. Actualmente, el Senado estatal discute proyectos de ley que buscan endurecer las restricciones sobre productos derivados del cannabis. Uno de ellos, el Proyecto de Ley 3 del Senado, propone prohibir todos los productos de cáñamo que contengan THC. Otro, el Proyecto de Ley 28 de la Cámara, plantea regular productos con THC sintético y limitar su consumo a mayores de 21 años.
El vicegobernador Dan Patrick ha advertido que convocará a una sesión especial si no se logra aprobar alguna de estas medidas antes del 2 de junio.
Con estas acciones judiciales y legislativas, el futuro de la despenalización y del acceso al cannabis en Texas parece cada vez más incierto, a pesar del respaldo popular que han recibido estas iniciativas en diversas ciudades del estado.
