Un juez estadounidense anuló las normas de Trump que eximían a empleadores con objeciones religiosas de ofrecer cobertura de anticonceptivos. La jueza Wendy Beetlestone dictaminó que estas regulaciones no estaban justificadas. Según ella, el argumento de proteger derechos religiosos carece de base sólida. Las reglas, implementadas en 2018, permitían exenciones generales por razones religiosas o morales. Sin embargo, Beetlestone señaló que su alcance era desproporcionado.
Por otro lado, este fallo llega tras una larga disputa legal iniciada por Pensilvania y Nueva Jersey. En 2020, la Corte Suprema respaldó las normas de Trump por razones técnicas. No obstante, nunca evaluó si estas eran legítimas. La jueza destacó que solo un pequeño grupo de empleadores necesitaría tal exención. Esto pone en duda la racionalidad de la medida adoptada por la administración Trump. Además, criticó que exigir solicitudes de exención no viola derechos religiosos.
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Además, la orden católica Hermanitas de los Pobres anunció que apelará el fallo. Esta organización defendió las reglas durante el caso, representada por el Fondo Becket para la Libertad Religiosa. La Ley de Atención Médica Asequible obliga a empleadores a cubrir anticonceptivos. Sin embargo, permite excepciones específicas para casos religiosos. El Departamento de Justicia aún no ha emitido comentarios sobre la decisión judicial.
Finalmente, esta sentencia refleja tensiones entre derechos laborales y libertades religiosas. La administración Biden intentó derogar estas reglas en 2023, pero abandonó el esfuerzo antes de dejar el cargo. Beetlestone, nombrada por Obama, criticó duramente las normas de Trump. Su fallo sugiere que priorizar intereses religiosos puede afectar injustamente otros derechos. Este caso podría marcar un precedente importante en futuras políticas laborales.
