El gobierno municipal de Austin emitió esta semana un memorando oficial que establece nuevas directrices sobre cómo el Austin Police Department (APD) debe interactuar con Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante las llamadas de servicio. La medida surge tras la indignación causada por un caso en el que una mujer llamó al 911 solicitando ayuda y terminó deportada junto a su hijo de cinco años tras ser entregada a las autoridades federales.
Bajo la nueva guía interina, aunque los oficiales mantienen la discreción de notificar a ICE, ahora están obligados a obtener la aprobación previa de un supervisor antes de permanecer en una escena esperando la llegada de los agentes de inmigración. Este cambio busca evitar que las llamadas de emergencia rutinarias se conviertan de forma automática en operativos de deportación, protegiendo la confianza de la comunidad en la policía local.
La concejal Vanessa Fuentes expresó que la cooperación con ICE no garantiza la seguridad comunitaria, señalando que la agencia federal tiene un historial de “separar, vigilar y dañar a las familias”. Por su parte, el Mayor Pro Tem Chito Vela enfatizó que el objetivo es que el contacto con inmigración sea una “circunstancia excepcional” y no una práctica estándar para los oficiales de patrulla.
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Desde la perspectiva policial, el presidente de la Austin Police Association, Michael Bullock, aclaró que los oficiales verifican la identidad de las personas por razones de seguridad y reportes, no con el fin de investigar estatus migratorios. Sin embargo, la implementación de estas normas locales enfrenta el desafío de la ley estatal Senate Bill 4, que obliga a las agencias de Texas a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El APD se encuentra actualmente redactando una orden general definitiva basada en este memorando. Los líderes de la ciudad planean revisar la política final una vez que las órdenes actualizadas estén listas, buscando un equilibrio entre el cumplimiento de las leyes estatales y la protección de los residentes que temen reportar crímenes por miedo a ser deportados.
