El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, rechazó públicamente la postura del Department of Justice sobre los manifestantes que irrumpieron en la Cities Church de St. Paul el pasado domingo. Ellison argumentó que la ley federal Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) está diseñada específicamente para proteger el acceso a servicios de salud reproductiva y no debería ser utilizada para criminalizar a quienes protestan por motivos políticos o sociales dentro de una institución religiosa.
El incidente ocurrió durante un servicio matutino cuando un grupo de activistas contrarios a las políticas de ICE interrumpió la ceremonia. Los manifestantes acusaron al pastor David Easterwood de ser el director interino de la oficina de campo de ICE en Minnesota, señalándolo como responsable de tácticas de cumplimiento agresivas en la región. Durante la protesta, los activistas corearon consignas como “Justicia para Renee Good”, en referencia a la mujer que murió recientemente en un enfrentamiento con agentes federales en Minneapolis.
A raíz de estos hechos, la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, anunció que su oficina está investigando posibles violaciones tanto de la ley FACE como de la ley del Ku Klux Klan. Dhillon sostuvo que una casa de culto no es un foro público para la protesta y que la ley protege a los fieles de cualquier “intimidación o interferencia” mientras ejercen su derecho constitucional al culto. Según el DOJ, la irrupción de los manifestantes constituye una profanación y un ataque directo a la libertad religiosa garantizada por la federación.
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Ellison, sin embargo, defendió el derecho a la libre expresión de los activistas durante una entrevista en el programa de YouTube de Don Lemon, quien también estuvo presente en la iglesia capturando imágenes de la protesta. El fiscal estatal insistió en que el propósito original de la ley FACE en 1994 era evitar que grupos religiosos bloquearan centros de salud reproductiva, y advirtió que ampliar su interpretación para incluir este tipo de protestas civiles sentaría un precedente peligroso para la libertad de expresión en el país.
Por su parte, el Department of Justice, bajo la dirección de la fiscal general Pamela Bondi, ha puesto “sobre aviso” a figuras como Don Lemon por su participación en la difusión del evento, sugiriendo que cualquier conspiración para violar los derechos civiles de los ciudadanos será procesada con todo el rigor de la ley. Mientras tanto, líderes de organizaciones como el Racial Justice Network defienden sus acciones, argumentando que es inaceptable que un líder espiritual dirija simultáneamente operaciones de ICE que, según ellos, “siembran el terror en la comunidad”.
