La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis ha anunciado la acusación formal contra el patrullero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Jason Tye, por su participación en el tiroteo de un hombre en julio de 2023. Un gran jurado especial determinó que existen pruebas suficientes para procesar a Tye por el cargo de asalto agravado cometido por un servidor público con un arma mortal. Según el fiscal José Garza, un grupo independiente de miembros de la comunidad revisó los hechos y consideró que la conducta del oficial fue ilegal durante el incidente que involucró a Elijah Barrientos.
El incidente se originó el 10 de julio de 2023, durante una persecución vehicular de un presunto delincuente que derivó en una huida a pie hacia una zona boscosa. Según la Asociación Combinada de Aplicación de la Ley de Texas (CLEAT), Tye disparó su arma de servicio en un intento de capturar al sospechoso. La organización defiende que el oficial actuó en cumplimiento de su deber para detener a un individuo peligroso, mientras que la fiscalía sostiene que el uso de la fuerza letal no estuvo justificado bajo las circunstancias presentadas ante el gran jurado.
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La reacción de CLEAT ha sido de rechazo absoluto, lanzando duras críticas contra el fiscal Garza. Robert Leonard, director ejecutivo de la organización, calificó la acusación como una maniobra política que pone en riesgo a los oficiales. CLEAT argumenta que Barrientos es un miembro documentado de pandillas con un amplio historial criminal y múltiples casos de delitos graves pendientes en el condado, cuestionando por qué se encontraba libre en las calles de Austin al momento del altercado. “La puerta giratoria de la justicia está poniendo a nuestros oficiales en gran peligro”, afirmó Leonard.
El caso será procesado por la Unidad de Derechos Civiles de la Fiscalía de Distrito en la Corte del Distrito 167. Mientras el equipo legal de CLEAT se prepara para la defensa de Tye, la acusación reaviva la tensión histórica entre las fuerzas de seguridad estatales y la administración de José Garza, conocido por su postura de rendición de cuentas policial. Este juicio se perfila como un punto clave en el debate sobre los límites de la autoridad policial y el historial criminal de los sospechosos en enfrentamientos armados.
