En un desafío directo a la administración federal, el alcalde de Denver, Mike Johnston, firmó este jueves la Orden Ejecutiva 152. Esta medida instruye a la policía local a investigar cualquier presunta conducta criminal por parte de agentes de inmigración, incluyendo actos de violencia, daños a la propiedad y persecuciones a alta velocidad. Según Johnston, los oficiales de la ciudad tienen ahora el deber de “proteger y ayudar” a las personas afectadas por operativos federales, independientemente de la agencia involucrada, marcando un hito en las políticas de las ciudades santuario.
Durante una conferencia de prensa, Johnston justificó la orden citando incidentes recientes de violencia, como la muerte de manifestantes a manos de ICE en Minneapolis el mes pasado. El alcalde fue enfático al declarar que la policía de Denver detendrá a agentes federales que utilicen fuerza excesiva contra los residentes. “Los ciudadanos me preguntan qué haremos si ese caos llega a Denver; hoy les respondo que nuestra prioridad es mantener a cada residente a salvo, sin importar su estatus migratorio”, afirmó el mandatario local.
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Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó con dureza a través de su secretaria adjunta, Lauren Bis, quien acusó a los políticos de las ciudades santuario de priorizar a los “inmigrantes criminales” sobre los ciudadanos estadounidenses. Bis señaló que mientras los líderes locales rechazan colaborar, los agentes federales arriesgan sus vidas persiguiendo a delincuentes peligrosos. Esta confrontación ocurre en un momento crítico, ya que el DHS se encuentra actualmente bajo un cierre administrativo parcial debido a disputas presupuestarias en el Congreso.
La nueva normativa también exige que la policía de Denver utilice cámaras corporales en los sitios donde se realicen operativos de inmigración y que identifiquen formalmente a los agentes federales presentes. Johnston ha condicionado su apoyo a la reactivación de fondos para el DHS a que se implementen reformas de transparencia. Aunque algunos legisladores republicanos coinciden en la necesidad de cámaras corporales, la idea de que la policía local detenga a agentes federales ha profundizado la división política sobre la soberanía y la seguridad nacional.
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