El Concejo Municipal de Austin se encuentra en una encrucijada legal y financiera frente al gobierno estatal de Texas. Los líderes de la ciudad tienen hasta este jueves para decidir si modifican sus políticas de interacción con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o renuncian a 2.5 millones de dólares en subvenciones para seguridad pública. El gobernador Greg Abbott ha sido enfático al advertir que no financiará a ciudades que, a su juicio, restrinjan la notificación o el cumplimiento de solicitudes federales de detención migratoria.
La disputa se centra en una revisión aprobada por Austin en marzo, que limita la colaboración de los oficiales de policía locales en casos de órdenes administrativas de ICE. El concejal Ryan Alter defendió la medida asegurando que busca generar confianza en la comunidad para que los ciudadanos se sientan seguros al interactuar con la policía sin temor a ser “recogidos por ICE” por asuntos menores. Sin embargo, el estado sostiene que estas políticas violan la ley estatal al impedir la plena participación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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El caso de Houston ha servido como un antecedente inmediato y polémico. Este miércoles, el Concejo de Houston votó 13 a 4 para enmendar sus propias políticas y así salvar 110 millones de dólares en fondos estatales. Aunque Austin busca un compromiso similar, el sindicato de policías (Austin Police Association) ha expresado su preocupación, señalando que la pérdida de estos fondos afectaría drásticamente el pago de horas extras y el equipamiento de un departamento que ya sufre de escasez de personal.
Mientras el plazo se agota, las discusiones entre la oficina del gobernador y el concejo continúan en un ambiente de total incertidumbre. Si Austin decide mantener su postura de “ciudad santuario” bajo sus términos actuales, los oficiales de policía podrían quedar atrapados en medio de una batalla política y legal que comprometería las operaciones diarias de seguridad en la capital de Texas. La respuesta definitiva de la ciudad determinará no solo el presupuesto policial, sino el futuro de la relación entre el poder estatal y las autonomías municipales en materia migratoria.
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