La política económica de Venezuela experimenta un vuelco de corte pragmático tras los acontecimientos políticos de principios de año que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro. En este nuevo escenario, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de carácter privado con un panel de destacados economistas y líderes empresariales en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Durante el encuentro, los especialistas presentaron un diagnóstico severo del aparato productivo nacional —el cual registra una inflación interanual superior al 500% y una pérdida de dos tercios de su tamaño histórico— y plantearon reformas estructurales alejadas del intervencionismo chavista tradicional.
La propuesta medular entregada a la mandataria interina se articula en torno al fortalecimiento de la propiedad privada y la restitución de la seguridad jurídica como pilares indispensables para atraer inversión extranjera y nacional. Entre las medidas operativas sugeridas destaca el apuntalamiento del sistema bancario nacional, el desarrollo de un mercado de capitales robusto, la reducción de la discrecionalidad regulatoria por parte del Estado y el impulso definitivo a las asociaciones público-privadas. Este enfoque busca corregir la histórica política de expropiaciones masivas mediante una profunda reestructuración de las compañías estatales deficitarias.
También te puede interesar: Distritos escolares exponen graves déficits financieros ante legisladores de Texas
El camino hacia la apertura económica ya muestra avances institucionales concretos en el Poder Legislativo. La Asamblea Nacional aprobó este martes 2 de junio, en primera discusión, la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un estamento legal diseñado para permitir la entrada de capitales privados a un sector que colapsó tras años de estatización centralizada. Dicha enmienda se complementa con los trabajos de una comisión presidencial especial creada por la propia Rodríguez, cuyo mandato explícito es identificar y catalogar la totalidad de los bienes e industrias del Estado susceptibles de ser privatizados en el corto plazo.
Finalmente, el paquete de recomendaciones técnicas abordó la urgencia de una modernización laboral que reconozca modalidades como el teletrabajo y el empleo independiente, facilitando el tránsito de millones de ciudadanos desde la economía informal hacia esquemas formales dotados de sistemas de protección social más flexibles. De acuerdo con fuentes presentes en la cita, Rodríguez se mostró receptiva a los planteamientos, aunque insistió en justificar el declive económico basándose en las sanciones estadounidenses. Asimismo, la jefa del Ejecutivo interino manifestó su profunda alarma por el déficit presupuestario del sistema de seguridad social, detallando que el país actualmente sostiene a 6.26 millones de pensionados frente a un universo de apenas 5.3 millones de trabajadores activos.
Visita: http://austinlatinx.com
