En una conferencia de prensa realizada este miércoles en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, el vicepresidente JD Vance subió el tono de la administración contra los estados que, según Washington, no están protegiendo adecuadamente los fondos públicos. Vance anunció que el gobierno federal ha diferido el pago de $1.3 mil millones en reembolsos de Medicaid destinados a California. “La razón es simple: el estado de California no se ha tomado el fraude muy en serio”, sentenció el vicepresidente, flanqueado por el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el Dr. Mehmet Oz.
El desglose de los fondos retenidos revela una profunda auditoría técnica. El Dr. Oz detalló que se requieren aclaraciones sobre $630 millones en facturación general y $500 millones específicos de servicios de salud en el hogar. Además, la administración detuvo otros $200 millones en gastos que calificaron como “cuestionables”, gran parte de los cuales están vinculados a costos relacionados con servicios para inmigrantes. Como medida adicional, la administración impuso una congelación de seis meses para nuevas inscripciones de proveedores de hospicio y salud en el hogar en el programa Medicare a nivel nacional.
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La respuesta desde Sacramento no se hizo esperar. El gobernador Gavin Newsom arremetió contra la medida a través de sus redes sociales, negando las acusaciones de fraude. “Odiamos el fraude, pero esto NO es eso”, escribió Newsom, argumentando que Vance y Oz están atacando programas esenciales que permiten a personas mayores y con discapacidades evitar ser internadas en hogares de ancianos. El gobernador calificó la retención de recursos como una táctica política que pone en riesgo a los ciudadanos más vulnerables de California.
Vance subrayó que esta ofensiva no es una cuestión partidista, sino de “buen gobierno”, señalando que estados como Ohio y Maryland han cooperado plenamente con el grupo de trabajo antifraude. Mientras que Ohio ha recuperado más de $78 millones en fondos malversados desde 2023, Vance advirtió que estados como Nueva York y Hawái podrían ser los próximos en enfrentar sanciones financieras. El vicepresidente concluyó con una advertencia severa para los 50 estados: si no procesan agresivamente el fraude en Medicaid, el gobierno federal “apagará el flujo de dinero” destinado a sus propias unidades locales de investigación.
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