La falta de coordinación institucional y la ausencia de registros centralizados y fiables en el estado La Guaira —la región más golpeada por el doble terremoto del pasado 24 de junio— están agudizando la angustia de cientos de familias que intentan localizar a sus parientes desaparecidos. A nueve días de la catástrofe que ya supera la cifra de 2,500 víctimas mortales, las fallas logísticas en los centros de atención civil y las contradicciones de los funcionarios a cargo han convertido la búsqueda de sobrevivientes en un proceso caótico dominado por rumores falsos y cadenas de desinformación en redes sociales.
El drama queda ilustrado en el caso de Marianys Ramírez, de 29 años, hija de la legisladora regional Marisela Caraballo. Tras el colapso total del edificio de la Misión Vivienda donde residía su familia en la localidad de Caraballeda, Ramírez desconoce el paradero y estado físico de su madre, su padrastro, una cuñada y dos de sus hermanos. A pesar de haber recibido mensajes de voz anónimos que aseguraban que su hermano menor de 11 años había sobrevivido y sido trasladado al refugio del Polideportivo de La Guaira, la información resultó ser un comentario infundado, lo que evidencia el impacto psicológico que sufren los familiares ante la falta de reportes oficiales certificados.
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Las quejas por el descontrol operativo se concentran principalmente en las instalaciones del Polideportivo de La Guaira, el mayor albergue habilitado por el gobierno en la zona de desastre. Los afectados denuncian que las autoridades del refugio caen en constantes contradicciones logísticas: mientras parte del personal asegura que varios grupos de damnificados han sido trasladados hacia centros médicos en Caracas, otros coordinadores desmienten rotundamente la salida de civiles del recinto. Esta misma opacidad informativa se repite en la morgue provisional instalada en el puerto de La Guaira para las labores forenses de identificación de cadáveres.
Ante el vacío de datos oficiales fiables, numerosos ciudadanos han optado por permanecer de forma permanente frente a las estructuras colapsadas a la espera de que la maquinaria pesada avance en la remoción de los escombros. Grupos civiles de apoyo y defensa de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Ejecutivo interino y a los organismos de protección civil para establecer un protocolo unificado de información que ponga freno a las noticias falsas y garantice el acceso de la población a reportes verídicos sobre sobrevivientes y fallecidos.
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