La Fiscalía del Distrito de Travis County anunció el sobreseimiento definitivo de los casos penales por manipulación de evidencia (evidence tampering) que pesaban sobre el exalguacil de Williamson County, Robert Chody, y el exabogado adjunto del mismo condado, Jason Nassour. La resolución judicial se concretó formalmente luego de que la Texas Court of Criminal Appeals emitiera una negativa para revisar los amparos del caso. De acuerdo con los portavoces del ministerio público, este rechazo de la máxima instancia estatal dejó a los fiscales sin herramientas legales admisibles para sustentar la culpabilidad de ambos exfuncionarios ante un tribunal de enjuiciamiento.
El prolongado proceso legal penal tuvo su origen en un polémico control de tráfico (traffic stop) ocurrido en el año 2019, durante el cual agentes de la oficina del alguacil de Williamson County detuvieron al ciudadano afroamericano Javier Ambler. El arresto civil estaba siendo documentado en tiempo real por un equipo de televisión del programa de telerrealidad “Live PD”, y concluyó trágicamente con la muerte de Ambler tras recibir múltiples descargas con pistolas de electrochoque (tasers). Las investigaciones posteriores señalaron a Chody y Nassour como presuntos responsables de coludirse de forma activa para destruir o bloquear el acceso de las cintas de video originales a los investigadores policiales y a la opinión pública.
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El quiebre definitivo de la estrategia de la fiscalía ocurrió durante el desarrollo del juicio en agosto de 2024, cuando la corte de primera instancia dictaminó que el grueso de las pruebas de cargo recolectadas contra los acusados era inadmisible debido a un conflicto de competencias con la legislación federal. Aunque la representación del Estado apeló dicha resolución y obtuvo un fallo inicial favorable ante un panel de la 3rd Court of Appeals, el pleno de ese mismo tribunal de circuito revirtió la decisión posteriormente argumentando una absoluta falta de jurisdicción técnica sobre la materia, una postura que quedó firme tras el último dictamen de la corte estatal.
Ante la conclusión del caso por esta vía técnica, el fiscal de distrito de Travis County, José Garza, externó su solidaridad con los familiares de la víctima y lamentó profundamente verse impedido de exponer los hechos ante un jurado ciudadano, afirmando que respetará el marco institucional de las cortes de Texas. En esa misma línea de frustración, el fiscal de distrito de Williamson County, Shawn Dick, apuntó que tras el esfuerzo volcado por cuatro gran jurados distintos que habían ratificado las acusaciones, resulta doloroso que un expediente de tal magnitud social se clausure por un tecnicismo legal en lugar de un debate transparente de las evidencias físicas.
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