La posible venta de la compañía de pruebas genéticas 23andMe ha encendido alarmas en el Congreso de Estados Unidos. Legisladores advierten sobre el riesgo de que millones de datos genéticos terminen en manos de potencias extranjeras, como China, debido a la ausencia de leyes federales que regulen estas transacciones.
Durante la audiencia del martes en el House Oversight Committee, la representante Melanie Stansbury (D-N.M.) expresó su inquietud: “Una empresa privada quiebra y ahora no hay un sistema regulador que proteja esa información. Es una locura”.
La venta de 23andMe, actualmente en bancarrota, se encuentra en su fase final. Los dos principales postores son Anne Wojcicki —fundadora y ex CEO de la compañía— y la empresa biotecnológica Regeneron. Ambos ofrecen cientos de millones de dólares, y la decisión final se tomará esta misma semana.
El CEO interino de 23andMe, Joe Selsavage, declaró: “Estamos comprometidos con proteger la privacidad de los usuarios. Todos los compradores deben cumplir nuestras políticas de protección de datos”.
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Sin embargo, los legisladores temen que una vez completada la venta, la información genética pueda ser transferida a terceros, directa o indirectamente. La profesora Margaret Hu, de William & Mary Law School, advirtió que “los datos genéticos y biométricos son ahora pilares de la guerra moderna, especialmente con el uso de inteligencia artificial en técnicas de vigilancia y ataques biológicos”.
Eric Gastfriend, director de Americans for Responsible Innovation, alertó sobre riesgos más específicos: “Con información genética, podrían chantajear a personas influyentes si conocen su predisposición a enfermedades graves. Eso abre la puerta a la injerencia estatal extranjera”.
El lunes, 27 estados y el District of Columbia presentaron una demanda para bloquear la venta de la base de datos genéticos sin el consentimiento de los usuarios. Paralelamente, el Congreso debate establecer una regulación más firme, aunque el progreso ha sido lento.
Mientras tanto, el Partido Republicano promueve un proyecto conocido como One Big Beautiful Bill, que prohibiría a los estados regular la inteligencia artificial durante los próximos diez años. Incluso figuras como la representante Marjorie Taylor Greene, que votó a favor, dijeron que habrían cambiado su voto si hubieran conocido esa cláusula.
Frente a la falta de regulaciones claras, usuarios individuales están optando por eliminar su información genética. Desde que se declaró la bancarrota en marzo, 1.9 millones de usuarios lo han solicitado.
El martes, el congresista Suhas Subramanyam (D-Va.) se unió a ellos. “En su momento pensé: ‘¿Qué podría perder?’. Pero ahora entiendo que todo tiene un precio. Muchos sienten que han perdido el control sobre su información”, dijo, mientras eliminaba sus datos desde su cuenta personal en su teléfono.
La situación continúa generando debate en Washington, donde tanto la seguridad nacional como la privacidad ciudadana están en juego ante el avance tecnológico y la falta de legislación acorde.
