Tras permanecer seis días bajo arresto, el activista Luis García Villagrán fue liberado este lunes. Un juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a los delitos de delincuencia organizada y tráfico de migrantes. La acusación se basaba en una carpeta de investigación iniciada en 2022, cuando tres migrantes lo señalaron de cobrarles mil dólares para integrarlos a caravanas. Además, se le acusó de organizar movimientos migratorios y obtener documentación falsa. Sin embargo, el juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto ordenó su libertad durante una audiencia en Tapachula, Chiapas.
Por otro lado, la detención generó reacciones entre defensores de derechos humanos. Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos sin Fronteras, aseguró que la única “culpa” de García Villagrán es defender a migrantes vulnerables. Criticó al gobierno de la 4T por criminalizar a quienes abogan por los derechos de los más desprotegidos. Mujica señaló que las verdaderas redes de tráfico pueden rastrearse siguiendo el dinero dentro del Instituto Nacional de Migración (INM). Organizaciones civiles denunciaron que esta detención forma parte de un patrón de hostigamiento contra activistas.
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Sin embargo, el gobierno mexicano sostuvo una postura diferente. Durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que García Villagrán no es un activista, sino alguien con una orden de aprehensión vigente por tráfico y trata de personas. Subrayó que la detención respondía a un proceso judicial pendiente desde hace años. Sobre la liberación de Luis García Villagrán, el titular de la Fiscalía General de México Alejandro Gertz Manero, reveló que García Villagran fue denunciado por el Instituto Nacional de Migración. Dijo además que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen su presunta responsabilidad.
El caso de Luis García Villagrán refleja las complejidades y divisiones en torno a la labor de activistas que trabajan con migrantes en México. Aunque un juez federal ordenó su liberación al no encontrar pruebas suficientes para vincularlo con los delitos imputados, tanto la presidencia como la Fiscalía General han reiterado su postura de considerarlo un objetivo prioritario en investigaciones por tráfico de personas. El futuro del caso dependerá de cómo evolucione el proceso judicial y la capacidad de ambas partes para presentar evidencias contundentes.
