Este 27 de febrero de 2026, Venezuela registra un sismo institucional tras la salida definitiva de Tarek William Saab del Ministerio Público y de Alfredo Ruiz de la Defensoría del Pueblo. Un grupo de 15 organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan Transparencia Venezuela y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, emitió un comunicado conjunto advirtiendo que esta renuncia no debe ser un “borrón y cuenta nueva”. Las ONG insisten en que ambos exfuncionarios deben aclarar su responsabilidad ante patrones documentados de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas ocurridas bajo sus mandatos.
El bloque de organizaciones denunció que las designaciones de los sucesores encargados, como Larry Daniel Devoe en la Fiscalía, vulneran las normativas legales vigentes, ya que los procedimientos de suplencia no han seguido el orden jerárquico establecido en las leyes orgánicas. Para las ONG, esta coyuntura no puede reducirse a un simple relevo de nombres, sino que representa una oportunidad crítica para corregir los déficits estructurales del sistema de justicia. Advierten que la inacción sistemática y la minimización de denuncias graves comprometieron la integridad de estas instituciones ante la comunidad internacional.
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Ante este nuevo escenario, los defensores de derechos humanos exigen un proceso de selección para las autoridades definitivas que sea totalmente transparente, verificable y con acceso público a las credenciales de los postulantes. Proponen que los candidatos tengan una trayectoria demostrable en la defensa de los derechos fundamentales y que no hayan participado previamente en estrategias de encubrimiento. La legitimidad de los nuevos titulares dependerá, según el comunicado, de su compromiso explícito con la cooperación internacional, especialmente con la Corte Penal Internacional (CPI) y los mecanismos de las Naciones Unidas.
Finalmente, las organizaciones abogan por un plan de reforma institucional que incluya una auditoría independiente de casos emblemáticos y la adopción de protocolos internacionales de investigación, como los de Estambul y Minnesota. En el marco de la actual Ley de Amnistía, se ha alertado sobre la situación de presos políticos cuyo paradero aún se desconoce, lo que hace urgente una revisión profunda de las actuaciones pasadas del Ministerio Público. Para las ONG, asegurar la justicia efectiva es una condición indispensable para cualquier camino hacia una transición democrática real en el país.
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