Los congresistas federales Greg Casar y Joaquín Castro informaron sobre el delicado estado de salud de Wilber Rafael Garcés Pérez, ciudadano venezolano de veintiocho años que resultó herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin. Tras realizar una inspección directa en el Centro de Procesamiento de ICE de Pearsall, los legisladores denunciaron las precarias condiciones físicas en las que se encuentra el detenido y exigieron su traslado inmediato a un centro hospitalario para someterse a una intervención quirúrgica indispensable, luego de que un especialista confirmara que el proyectil aún permanece incrustado en su anatomía.
Durante la verificación de bienestar, Casar constató que Garcés Pérez se desplaza en silla de ruedas, con un brazo inmovilizado en cabestrillo, un vendaje de gran tamaño que cubre una herida en la espalda y marcados hematomas en el tórax. El legislador relató que el detenido fue retirado del hospital en Austin tras permanecer internado menos de cuatro horas posteriores al ataque armado, siendo trasladado al recinto migratorio aún con bata hospitalaria y sin contar con una cama durante su primera noche bajo custodia federal, lo que agudizó sus dolores físicos pese al suministro posterior de analgésicos.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó los señalamientos de negligencia, argumentando que el detenido recibe atención clínica continua y que las determinaciones sobre cirugías corresponden exclusivamente al criterio médico. Por su parte, la defensa jurídica de Garcés Pérez reiteró que el joven ingresó legalmente al país mediante el proceso de CBP One en dos mil veinticuatro para solicitar asilo y contaba con permiso de trabajo; no obstante, una notificación judicial enviada a una dirección desactualizada provocó una orden de remoción en ausencia, situación que sus abogados buscan revertir en los tribunales federales.
Castro calificó la actuación de la agencia migratoria como abusiva y carente de transparencia institucional, criticando que el oficial que disparó no portaba activa su cámara corporal reglamentaria y exigiendo que los investigadores del Departamento de Policía de Austin y los Rangers de Texas tengan pleno acceso a las pruebas y testigos. Mientras tanto, una orden judicial emitida por un magistrado federal mantiene suspendida su deportación y ha programado su comparecencia presencial para el treinta de septiembre en San Antonio, fecha clave para evaluar tanto su estatus procesal como su liberación por razones humanitarias.
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