Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México y arquitecto de la guerra contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado en un tribunal federal de Nueva York tras ser declarado culpable de narcotráfico, vínculos con el Cartel de Sinaloa y falso testimonio ante autoridades estadounidenses. La condena, sin embargo, dejó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿puede considerarse justicia plena una sentencia sin una sola prueba física?
La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en reaccionar. Al ser consultada sobre una carta que García Luna envió al juez Brian Cogan criticando la reforma judicial en México, Sheinbaum fue directa: “Mucho cinismo, ¿no? Un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que tuvo por estar vinculado con el narcotráfico en un momento donde se había decretado una guerra contra el narco.”
Y aunque la condena es histórica — García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser enjuiciado en Estados Unidos — expertos en seguridad y narcotráfico señalan que el proceso tiene una grieta profunda: no hubo pruebas materiales concretas. Todo descansó sobre los testimonios de narcotraficantes confesos acogidos al programa de testigos protegidos.
Por el estrado desfilaron figuras como Sergio “El Grande” Villarreal, quien afirmó haber presenciado sobornos millonarios que el capo Arturo Beltrán Leyva le entregaba a García Luna. También declaró Edgar “El Diablo” Veytia, exfiscal del estado de Nayarit, quien aseguró haber recibido instrucciones para favorecer a la facción de El Chapo dentro del Cartel de Sinaloa. Y el contador Israel Ávila señaló que García Luna figuraba en las nóminas del cartel bajo los apodos “El Tartamudo” y “El Metralleta” — pero esas nóminas nunca se presentaron como evidencia.
“Esto es histórico, un juicio muy importante, pero hay que decir que no hay pruebas materiales que avalen la sentencia”, dijo en su momento a Noticias Telemundo Guadalupe Correa-Cabrera, experta en narcotráfico de la Universidad George Mason. “Al final, no tenemos la certeza de que se haya hecho justicia.”
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Para Erubiel Tirado, especialista en seguridad de la Universidad Iberoamericana, el problema es estructural: “Darle un valor tan grande a los testimonios de criminales confesos, sin incluir pruebas concretas, desvaloriza el resultado del juicio. Son acusaciones de oídas. Y eso pasa mucho en los juicios de narcos en Estados Unidos.”
García Luna enfrenta una posible cadena perpetua y una multa mínima de cinco millones de dólares, mientras que su defensa solicitó una pena de 20 años. El caso cierra un capítulo de la historia del crimen organizado en México aunque para muchos, las preguntas siguen abiertas.
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